Los bonistas quieren que Kicillof y otros ex funcionarios testifiquen en Nueva York por la manipulación del Indec

El fondo buitre Aurelius Capital Master pidió que un grupo de ex funcionarios argentinos testifique bajo juramento en una corte en Nueva York en el caso por la presunta manipulación de los datos del PBI en el gobierno de Cristina Kirchner.

Aurelius Capital Master pidió asistencia a la Corte de La Haya para que, mediante una corte argentina, ordene a los funcionarios mencionados en la lista, testificar bajo juramento en una corte neoyorquina en el caso Cupon PBI y la supuesta manipulación del INDEC, informó el experto en deuda Sebastián Maril.

Maril precisó que el “Fondo buitre quiere que Kicillof, Lorenzino y otros ex funcionarios del Gobierno de los Kirchner, testifiquen en la causa cupón PBI y la supuesta manipulación del Indec”.

En diálogo con Infobae, Maril indicó que “si los tribunales argentinos no aceptan este pedido de los demandantes, cuando sea convalidado por la juez Loretta Preska, los bonistas van a pedir que la jueza los declare en desacato, una situación que la Argentina ya atravesó en sus años de default y que seguramente será un mal antecedente por los otros casos que tiene la jueza sobre la Argentina, como el de YPF”.

En la lista de la carta presentada anoche por los bonistas a Preska están los ex ministros de Economía Hernán LorenzinoAxel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires-; el ex secretario de Finanzas, Sergio Chodos, actual representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); el ex viceministro Emmanuel Alvarez Agis; y Juan Cuatrommo, ex subsecretario de programación económica y actual presidente del Banco Provincia.

También, a los ex directivos del Indec durante las maniobras, que también son investigadas por la justicia federal argentina, Norberto Itzcovich Fernando Cerro, además de otros funcionarios del Ministerio de Economía durante aquellos años, como Francisco Eggers, Federico Thea, Facundo Proietti, Luis Briones Rouco, Claudio Din, Ariel Abelar y otros.

A fines del 2021, el tribunal federal de Nueva York de Loretta Preska –quien tomó a cargo las causas del fallecido Thomas Griesa– dispuso que la Argentina debía revelar la metodología que utilizó el Indec para medir la actividad económica en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.El tuit del experto Sebastián MarilEl tuit del experto Sebastián Maril

En la carta que enviaron ayer a Preska, los fondos indicaron que “solicitan respetuosamente que el Tribunal firme las cartas rogatorias adjuntas, solicitando la asistencia de los tribunales argentinos para obtener el testimonio de ciertos ex funcionarios del gobierno argentino, todos menos dos de todos los cuales han sido identificados por la República como personas con información” importante.

La intervención de La Haya

“A pesar de que la República ha indicado, en la mayoría de los casos, que estos que estos testigos deben ser contactados a través de la República o de su abogado, la República sostiene que no puede presentarlos para las declaraciones. En consecuencia, los demandantes deben proceder a través de los procedimientos de la Convención de La Haya si quieren obtener pruebas de estos individuos”, precisaron.

“En virtud del Convenio de La Haya, los tribunales de Estados Unidos pueden solicitar a la autoridad competente de otro Estado contratante, por medio de una carta rogatoria, para obtener pruebas, o para realizar algún otro acto judicial”, concluyeron.

La decisión judicial se vincula con el juicio que le inició al país -en los Estados Unidos- Aurelius Capital Management, por la manera en que la Argentina calculó el PBI. En tanto, Aurelius tendrá que presentarle al tribunal los documentos que prueban la compra de títulos argentinos emitidos en dólares, luego de esa reestructuración de deuda.

En una presentación realizada hace dos años en una corte federal de Manhattan, Aurelius aseguró que la Argentina no realizó pagos de los cupones PBI vinculados a los bonos emitidos en sus reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

Según el fondo, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner manipuló las cifras del PBI de 2013 para evitar pagar a los tenedores de los títulos miles de millones de dólares. Por ese motivo, Aurelius cuestionó las estadísticas que elaboraba el Indec en aquel momento.

De acuerdo a los demandantes, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9%, pero luego señaló que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9 por ciento.

En 2005, el gatillo para el pago era un crecimiento del 4% y el PBI creció 9%, mientras que en los siete años siguientes la Argentina creció un promedio del 7%, con un gatillo del 3,5%, indicó la agencia Bloomberg.

El cupón se abonaba siempre al año siguiente por el crecimiento pasado. En tanto, frente a la demanda, la Argentina afirmó que realizó todos los pagos de aquellos cupones, por un total de casi USD 10.000 millones, por lo cual reclamó al tribunal norteamericano que desestimara la demanda de Aurelius.

Maril, abogado y director de Latam Advisors, recordó que la demanda por el cupón PBI asciende a USD 1.200 millones y se disputa en los tribunales de Nueva York y de Londres. Se trata de otro costo oculto de la etapa de supuesto “desendeudamiento” del país, al igual que los casos pendientes por el default del 2001 y las causas por YPF, entre otras.

La manipulación de los datos del Indec se extendió entre principios del 2007 y fines del 2015 y mereció, entre otras consecuencias, una moción de censura por parte del FMI; en 2016, comenzó a normalizarse durante la gestión de Jorge Todesca en el organismo estadístico, bajo la presidencia de Mauricio Macri y con Alfonso Prat Gay como ministro de Economía. Hasta la actualidad, se siguen pagando las consecuencias de esa maniobra, a la que se opusieron los técnicos del Indec durante el kirchnerismo, que llegará a juicio oral en la Argentina en los próximos meses.